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Consecomercio: Solo 25% del sector ha podido cumplir con el cobro del IGTF

Desde el pasado 28 de marzo entró en vigencia el IGTF

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Consecomercio ha valorado la primera semana de vigencia del cobro del impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF); y comentó que solo el 25% del sector ha podido cobrarlo.

Hoy se cumple una semana de la entrada en vigencia de este tributo; y aunque se han ido despejando dudas, aún parecen ser mayoría frente a las certezas.

La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel; realizó un balance sobre el impacto del IGTF.

Destaca que  “a cinco días de su entrada en vigencia (viernes), solo el 25% del sector ha podido cumplir con el cobro de este tributo, debido a que no se han podido actualizar las máquinas fiscales; y a la desinformación”.

Además, dijo: “El 75 de las empresas encuestadas nos han informado que no están en capacidad de recibir pagos en divisas; porque no han podido completar el proceso de adaptar sus sistemas al nuevo impuesto”; señaló Polesel.

La dirigente gremial explicó que gran parte de las empresas manifestaron que no pudieron actualizar sus sistemas, porque las maquinas fiscales no están en capacidad de configurarse para cobrar este impuesto y que aparezca reflejado tal como lo refleja la disposición.

Indicó también que el costo para actualizar las maquinas es muy importante; sin embargo, está en el orden de 600 a más de 1.000 dólares, en el caso de la reposición de la máquina fiscal.

Otros comercios manifestaron no tenerlas por los cambios que han ocurrido en el sector; sin embargo,  ahora se ven obligados a tenerlas, lo que incrementa la demanda, especificó Polesel.

Consecomercio atento a la adaptación de sus agremiados al cobro del IGTF

Ante esta situación, la presidenta de Consecomercio señaló que muchas empresas han tenido que dejar de facturar, afectando su flujo de caja y otros factores que implican el hecho de dejar de emitir facturas, como no atender a los consumidores.

Otro de los aspectos más delicados, a juicio de Polesel, es que esta Ley de Impuestos a Grandes Transacciones Financieras no contó con una consulta previa, lo que era necesario para conocer el tiempo en el que el sector hubiese podido adaptarse a esta medida.

La máxima representante del sector comercio manifestó que fueron convocados junto al resto de los sectores económicos del país a un taller en el Ministerio de Finanzas.

Allí se les hizo una exposición sobre los detalles de la disposición del impuesto; sin embargo, consideró que, si bien el taller fue interesante, se produjo a destiempo.

“Nosotros aspirábamos que el anuncio no solo se concentrara en la explicación; pues aspirábamos que se anunciara la suspensión o prórroga de este impuesto hasta poder adaptarnos, pero no ha sido así; por lo tanto, nosotros solicitamos se analice la posibilidad de suspender o prorrogar su aplicación, el sector comercio no está en capacidad de responder a este impuesto”, aseguró

Sobre las fiscalizaciones, Polesel señaló que comenzaron un día después del inicio del cobro del IGTF, con las consecuencias que eso conlleva; por lo que expresó:

“No queremos ser multados, nos queremos ser sancionados, no estamos negados a contribuir, no queremos que se nos diga que no nos van a fiscalizar; pero queremos que se comprenda que en este momento el 100% no está en la capacidad de cumplir con esta disposición, hay empresas del sector que no tienen 1.000 dólares y recordemos que no disponemos de crédito en este momento”.

Reiteró que el Impuesto a Grandes Transacciones Financieras es un tributo que se cobra en cascada, por lo que han estimado que se puede encarecer el precio de los productos en el orden promedio del 12% para el consumidor final.

El consumidor también se verá afectado

La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Tiziana Polesel, además recordó que el IGTF no perjudica solo al comercio, sino al consumidor, por lo que solicita una campaña informativa que aclare las dudas que subsisten en todos los sectores, porque este es un derecho, ya que, al final, es el consumidor quien paga por los productos.

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